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Por el futuro del campo
El campo en la encrucijada
El actual sistema agroalimentario sigue dando muestras de su fallido funcionamiento. Cada vez más global, complejo e interdependiente y, a la vez, más vulnerable al cambio climático o a diferentes crisis (pandemias, conflictos bélicos, incremento del precio de los alimentos), como las que hemos vivido en los últimos tiempos. Se trata de un sistema que fomenta una agricultura y ganadería industrializada basada en combustibles fósiles e insumos químicos, como los plaguicidas y los fertilizantes, el consumo excesivo de un agua cada vez más escasa, mano de obra precarizada o materias primas baratas importadas de terceros países, que no siempre cumplen los mismos requisitos legales que se exigen a nuestras producciones.Un modelo que demanda alimentos baratos y desestacionalizados, que poco tiene que ver con dietas sostenibles, como la mediterránea, recomendadas por los expertos en salud. Y que lleva al límite a productores y naturaleza, en aras de “alimentar al mundo”, mientras un tercio de los alimentos acaban en la basura. Un modelo que genera injusticias, desigualdades e incoherencias, dentro y fuera de nuestras fronteras, y se ve incapaz de dar respuesta a los urgentes retos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrenta: por un lado, la subida imparable del precio de los alimentos, sin que beneficie necesariamente a los agricultores, y de los costes de producción; por otro, el efecto de la sequía, especialmente sobre secanos y pastos -agravada por la sobreexplotación de ríos y acuíferos de la producción agroindustrial- y el impacto ya visible del cambio climático. En este contexto, pierde en especial la agricultura y ganadería ecológica familiar. Fincas de alto valor social, que producen alimentos cuidando de las personas y de la naturaleza y que abandonan su actividad por la falta de apoyo público adecuado. Con una Política Agraria Común (PAC) que sigue repartiendo la mayor parte de sus fondos entre grandes explotaciones y de carácter industrial, con sus beneficiarios residiendo en grandes capitales, donde poca superficie cultivada hay. Estos otros modelos ambiental y socialmente sostenibles no pueden competir en las mismas condiciones con las producciones industriales low cost, en un mercado que prima precio frente a sostenibilidad.
Frente a esta realidad proponemos, autocrítica, honestidad y compromiso
Autocrítica, para reconocer nuestra impotencia porque una de las ideas que abanderamos desde prácticamente todas las ONG que trabajamos en agricultura no llegue al conjunto de la sociedad: la necesidad de que las personas que trabajan el campo respetuosamente tengan un precio justo por sus producciones y una calidad de vida digna en los pueblos.Honestidad, la que pedimos a la clase política y a determinados representantes del agro, para evitar el discurso de confrontación y las falsas dicotomías. En especial aquella que promulga que, para salir de la encrucijada actual, hay que escoger entre economía y ecología. Cualquier actividad socioeconómica, pero especialmente la agricultura y la ganadería, depende del buen estado de los ecosistemas. Conservar el patrimonio natural y adaptarse al cambio climático es una cuestión de supervivencia, no se pueden producir alimentos al margen de la naturaleza. Y promulgar lo contrario, vendiendo falsas soluciones basadas en nuevas infraestructuras, como nuevos embalses o trasvases, no harán sino agravar la situación actual.
Y el compromiso por seguir trabajando por un futuro mejor para estas fincas que dan vida a nuestros pueblos y que nos permiten ser soberanos en nuestros campos y nuestras mesas. Un futuro que aún podemos construir entre todos, en alianza. Alianzas para consensuar con organizaciones agrarias, de consumidores, de mujeres rurales…, desde todos los ángulos que conforman el sistema alimentario.
Si nos importa el campo, hablemos
Desde WWF España vivimos, de nuevo, con preocupación las movilizaciones del campo europeo y manifestamos nuestro compromiso con el sector agrario y el medio rural pidiendo una transición verde y justa para el campo y sus gentes.Nos preocupan las posiciones maximalistas, desde la crispación, que pretenden dar soluciones simples a problemas complejos, como al que nos enfrentamos. Nos preocupa el pretender cargar el peso de la culpa de la situación del campo sobre las políticas ambientales, con discursos que preconizan que no podemos disminuir los insumos químicos, como fertilizantes y plaguicidas, en aras de la productividad; que el agua de los ríos se pierde en el mar, y que debería emplearse para regar. Aquellas que proponen laminar los escasos avances ambientales de la PAC, incluyendo eliminar los eco regímenes y la condicionalidad para recibir fondos públicos; en definitiva, proclamas que demonizan los compromisos sociales, económicos y ambientales de la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo y las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad.
Para alentar un debate fructífero, desprovisto de prejuicios, y contribuir a la resolución de este problema complejo, presentamos nuestras propuestas. No son exhaustivas, ni perfectas, y parten de la necesidad de reconocer que nos encontramos ante un fallo sistémico: el de la industrialización y mercantilización de la producción, distribución y consumo de alimentos, incluido su desperdicio masivo del campo a los hogares, basada en mano de obra barata e insumo químicos, que deja de lado a las personas y la naturaleza.
Desde WWF proponemos:
- Asegurar precios justos y condiciones apropiadas a los agricultores y ganaderos que apuestan por la sostenibilidad, incrementando las medidas de transparencia y control a las prácticas desleales en la cadena alimentaria, y la revisión y modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.
- Disponer de un marco político y un sistema de incentivos económicos adecuados para la transición agroecológica justa, incluyendo: una PAC y un PERTE alineados con el Pacto Verde Europeo; una fiscalidad verde que aplique el principio “quien contamina paga” y el de “quien conserva, reciba”. La recuperación de las infraestructuras y servicios públicos para la asegurar la viabilidad del sector primario, priorizando a las pequeñas explotaciones familiares agroecológicas; el impulso a los canales cortos de comercialización y a la venta directa para garantizar alimentos locales, ecológicos y de temporada; la compra pública responsable; y la diversificación productiva del sector primario, incluyendo sistemas públicos de asesoramiento, formación y acompañamiento multidisciplinar para la sostenibilidad. Dichos sistemas también deben asegurar una transición justa de los modelos que tienen que virar hacia la sostenibilidad por tener un impacto negativo, como la ganadería industrial o los regadíos en acuíferos sobreexplotados o contaminados, hacia prácticas dentro de los límites ambientales y sociales.
- Una distribución más justa de los fondos de la Política Agraria Común apoyando a los agricultores con dificultades. El 20% de los grandes agricultores, en muchos casos empresas agrarias industriales a gran escala, reciben el 80% de los pagos directos, mientras la mayoría de los agricultores y ganaderos (a menudo explotaciones familiares) de pequeño o mediano tamaño perciben poco o nada. Actualmente la PAC presta más apoyo a la agricultura frente al pastoreo y, dentro de la primera, al regadío frente al secano. Es necesario que el dinero público se dirija a aquellas fincas de mayor valor social y ambiental (como las de producción ecológica, en red Natura 2000 o Sistemas de Alto Valor Natural).
- Mayor compromiso, incluso financiero, de la industria y la distribución alimentaria con el aprovisionamiento local de materias primas sostenibles, la distribución responsable de alimentos y precios adecuados también para las personas consumidoras. E impulso a las cadenas de valor en las que riesgos y beneficios son compartidos por igual por todos los eslabones.
- Apoyar prácticas agroecológicas que permitan a las explotaciones adaptarse a los cada vez más presentes riesgos climáticos como las inundaciones y sequías, asegurando la sostenibilidad a largo plazo de las fincas; sin menospreciar el necesario apoyo y acompañamiento a los productores en caso de catástrofes y fenómenos extremos.
- Exigir que las importaciones agrarias cumplan las mismas normas de sostenibilidad, salud, bienestar animal y seguridad que las vigentes en la UE para evitar la competencia desleal, dotando de medios y conocimientos a terceros países, cuando sea necesario, para evitar efectos colaterales indeseados. Del mismo modo, evitar que los alimentos y productos exportados por la UE tengan impactos negativos sobre países terceros.
- Impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible, constituido por agricultores y ganaderos familiares que residen y trabajan en el medio rural y cuya principal renta y dedicación proviene de la actividad agrícola y ganadera, que aplica métodos de producción ambientalmente sostenibles y conserva el patrimonio natural y cultural. Más allá, crear un sistema público e integrado de rescate para la agricultura y la ganadería extensiva familiar en zonas de alto valor natural, y en especial, en la Red Natura 2000, que asegure rentas y condiciones de trabajo dignas.
- Incorporar en las normas estatales, dotándolo de los medios y presupuesto necesarios, los objetivos del Pacto Verde Europeo de reducción del 50% de uso y riesgo de plaguicidas en la producción de alimentos por su toxicidad e impactos negativos en la salud de las personas y el medio ambiente; disminución del uso de fertilizantes en un 20% para reducir las pérdidas de nutrientes en un 50% como mínimo; y, alcanzar al menos el 25% de las tierras agrícolas bajo producción ecológica en 2030.
- Garantizar una vida digna en los pueblos con servicios públicos de calidad (sanidad, educación, transporte, etc.), asegurando a la par la digitalización responsable y el teletrabajo para fijar población, prestando especial atención a jóvenes, mujeres y personas mayores. Hay que hacerlo a través de una política de estado para el mundo rural, comenzando por reactivar la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, para la revitalización económica de los pueblos, la creación de empleo estable y de calidad, y el freno al despoblamiento bajo el paradigma de la sostenibilidad.
- Impulsar el relevo generacional en el campo, prioritariamente en fincas de alto valor natural –como las de ganadería extensiva–, en la Red Natura 2000 y en producción ecológica, prestando especial atención al papel de las mujeres.
- Promover una implantación ordenada y responsable de las energías renovables, priorizando las zonas urbanizadas e industrializadas, evitando zonas ambientalmente sensibles, así como áreas agrarias y forestales de alto valor natural y agroecológico.
- Garantizar el acceso a una dieta sana y sostenible para el conjunto de la población, con precios justos para el consumo y herramientas adicionales, como la compra pública responsable.
- Frenar las pérdidas y desperdicio alimentario, en especial en las fincas agrícolas, revisando la normativa -incluyendo precios que no cubren costes de producción- que impulsa la industrialización agraria y exacerba los problemas sociales y ambientales que estamos viviendo. Impulsar medidas de cuantificación y prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en todos los eslabones de la cadena.
- Asegurar la participación pública de la sociedad civil en los procesos de diseño, aplicación y seguimiento de las políticas agroalimentarias y del medio rural, con los recursos suficientes, tal y como apoyan las entidades del Foro Acción Rural o la Coalición PorOtraPAC; incluyendo la elaboración de la Estrategia Nacional de Alimentación, recientemente anunciada.
- Proteger el patrimonio sensorial rural, incluidos los paisajes agroculturales. Este patrimonio es un recurso clave para el desarrollo rural, forma parte de la esencia de cada territorio y es indispensable para su equilibrio social y económico. Se constituye en auténtica cultura, que sí representa al medio rural y así debe ser reconocido y respetado desde las ciudades.
Nos enfrentamos a un fallo sistémico sin precedentes: un sistema industrializado de producción, distribución y consumo que no funciona para las personas, comenzando por las que nos alimentan cada día, ni para la naturaleza. Resolverlo requerirá de una acción público - privada, a nivel estatal e incluso más allá de nuestras fronteras, que asegure precios justos para los alimentos, empleo del dinero público para recompensar a la agricultura y ganadería que produce bienes públicos y reconocimiento de la valía de los profesionales del medio rural. Sólo desde un diálogo constructivo, despolitizado, apartado de los elementos que tensionan y generan crispación y libre de prejuicios será posible alcanzar acuerdos y consensos para dar respuestas a la medida de estos grandes retos que abordamos como sociedad.
ARTÍCULO: EL FUTURO DEL CAMPO
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Nuestro trabajo por una alimentación más sostenible
© Miguel Murcia / WWF
Alcornocal en Cazalla de la Sierra (Sevilla)